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La Escuela Pública en peligro

30 abril, 2013

Se denomina Educación pública al sistema nacional educativo de cada país, que, por lo general, comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la realización de los niveles que la Norma jurídica considere obligatorios, consistiendo por lo general en la educación primaria, no obstante, ello no excluye a niveles superiores que no se consideren obligatorios.

Regularmente la educación pública queda a cargo del gobierno, quien llega a proporcionar la planta física y docente, y hasta materiales didácticos, para la realización de los estudios y por tal motivo generalmente existen entidades de la administración pública, relacionados con el Sistema Educativo tales como los Departamentos o Ministerios de Educación. Estos están encargados de organizar y controlar los servicios educativos de cada país.

El gobierno puede tener una intervención mínima en la educación pública, como en el caso del Reino Unido, donde la educación pública queda a cargo de la comunidad, o por el contrario, tener el control total del Sistema Educativo, como en el caso de los países socialistas.

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a la educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de una ventaja competitiva.

La educación pública se ofrece a los niños del público en general por el gobierno, ya sea nacional, regional o local, siempre por una institución de gobierno civil, y pagado, en todo o en parte, por los impuestos. El término se aplica generalmente a la educación básica, de jardín de infancia a la educación primaria y secundaria. También se aplica a la educación post-secundaria, educación superior, o las universidades, colegios, escuelas técnicas que disfrutan de ayudas públicas.

La educación pública a menudo implica lo siguiente:

– La asistencia obligatoria de los estudiantes (hasta una determinada edad)

– Certificación de los profesores y los planes de estudio, ya sea por el gobierno o por una organización de docentes

– Ensayos y normas establecidas por el gobierno.

La financiación de las escuelas públicas, por otro lado, es proporcionada por los ingresos fiscales, de manera que incluso personas que no asisten a la escuela (o cuyos dependientes no asisten a la escuela), ayudarán a garantizar que la sociedad sea educada. En las sociedades asoladas por la pobreza, las autoridades suelen ser laxas en la escolarización obligatoria porque los niños son valiosos trabajadores. En algunos países, las iglesias o asociaciones privadas pueden hacer funcionar las escuelas de acuerdo a sus propios principios, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos del estado. Cuando en estas se cumplen los requisitos, especialmente en el ámbito de los programas escolares, las escuelas podrán optar a recibir financiación estatal. Luego se tratan, financieramente y para la acreditación, como parte del sistema de educación pública, a pesar de que tomar decisiones sobre la contratación y la política de la escuela (no contratación de los ateos, por ejemplo), que por parte del estado no podría hacerse.

Los que apoyan la educación pública afirman que es necesaria debido a la necesidad en la sociedad moderna para mejorar las capacidades en torno a la lectura, escritura y cálculo matemático de sus ciudadanos. Sin embargo, algunos argumentan que la educación estaría mejor administrada por el sector privado, ya que la inversión de esta podría incrementar las facilidades en cuanto a tecnología de sus estudiantes.

Las cuestiones didácticas no deberían formar parte del debate político, porque esto hace que pensemos que todo es opinable y que depende de la ideología. Es cierto que no hay nada neutral, pero las innovaciones didácticas, fruto de investigaciones científicas, no deben debatirse en los mismos marcos que las cuestiones ideológicas.

Este hecho, el de la preponderancia abrumadora de la escuela pública en los países democráticos y ricos, miembros de un club en el que por fin hemos podido ingresar, se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos escolares y se pasa por alto interesadamente junto a este otro: en este grupo de países, caracterizados todos por una larga trayectoria democrática, derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, socialdemócratas y democristianos, están en absoluto acuerdo en que sus sistemas educativos, por otra parte enormemente diversos entre sí, se vertebren a través de centros públicos, creados y financiados por los poderes públicos. Esto sigue siendo así aunque el pensamiento neoliberal, como es el caso de Inglaterra, tanto con los conservadores como con los laboristas, haya pretendido introducir, y parcialmente lo haya conseguido, medidas privatizadoras encaminadas a mejorar la gestión y favorecer la competitividad entre los centros públicos. Y es así también donde el pensamiento neoconservador podría haber causado estragos, como es el caso de Estados Unidos. El presidente Bush ha podido promocionar la práctica del rezo en las escuelas públicas, pero ni se le ha ocurrido pensar que un sistema escolar privado y sectorial, creado por las abundantísimas sectas, confesiones religiosas y comunidades culturales, raciales y lingüísticas que integran la sociedad americana, podría ser una mejor alternativa a la arraigada, magnífica y cuidada red de centros públicos. Y desde otro punto de vista se puede citar también que socialdemócratas y democristianos en Alemania, hace décadas que se enfrentan por el tema de la educación comprensiva pero que no incluyen como punto de controversia la existencia de una red de centros públicos en la que se escolariza el 90% de la población escolar.

El hecho de la preponderancia de la educación pública en todos los países de nuestro entorno político, cultural y económico, se deja pasar desapercibido y desde luego nunca se saca a colación como un factor que pueda tener incidencia en la calidad de la educación de nuestro país. No es objeto de un análisis el examen de las razones por las que los países citados, que comenzaron a dotarse en el siglo XIX de sistemas públicos de enseñanza, extendidos a toda la población a comienzos del siglo XX, los mantienen hasta el presente sin fisuras, a pesar de las presiones privatizadoras del pensamiento neoliberal.

La escuela pública viene sufriendo un fuerte proceso de deterioro de tal entidad que permite afirmar, sin exageración, que se está poniendo en peligro su futuro. Su extinción no está, sin embargo, planteada por sus enemigos. El destino al que se la conduce no es la extinción sino la marginalidad. Una escuela pública subsidiaria de la escuela concertada siempre podrá ser necesaria para aliviar a los centros concertados de la penosa carga de escolarizar los alumnos y alumnas con especiales necesidades de apoyo educativo, toda vez que, salvo en casos absolutamente excepcionales, estos centros no han manifestado ningún interés por acoger a los alumnos gitanos, inmigrantes, minusválidos o de población socioeconómicamente débil.

La erosión de que es objeto la escuela pública es manifiestamente patente con el gobierno del Partido Popular, ya que el menosprecio de la escuela pública y el aprecio de un modelo de una escuela privada con privilegios especiales no son más que el resultado, aplicado a la educación, de unas ideologías neoliberales, a las que se incorporan otras neoconservadoras, que defienden ese modelo de escuela. Esto no excluye tampoco que la amenaza a la escuela pública pueda provenir de las propias filas de la izquierda cuando ésta acepta ingenuamente modelos neoliberales de gestión educativa, por lo que podría extenderse también con gobiernos de la izquierda. Por esta razón, pretendemos poner de manifiesto que el desgaste al que está siendo sometida la escuela pública puede ser extensible, si no se adoptan medidas para que la escuela pública recobre, mantenga o aumente el aprecio de la ciudadanía.

La primera exigencia, la de probar el aserto, es decir, probar por qué la escuela pública está sufriendo un grave proceso de deterioro y está amenazada de convertirse en una escuela marginal en relación con la escuela privada concertada, es una afirmación que se deduce del análisis de la situación de la educación.

La segunda exigencia es la de tratar de reconstruir el discurso ideológico que justifique, para nuestro país y a comienzos del siglo XXI, la necesidad de la escuela pública. No basta con proponer medidas en defensa de la escuela pública como si la sola mención de la palabra “pública” bastase para justificarla e incluso para darle prioridad con respecto a la escuela privada. Actitud ésta poco convincente cuando las privatizaciones en todos los ámbitos no sólo son impulsadas por la derecha sino muchas veces también por la autodenominada izquierda, de forma que se puede volver a hablar de la opulencia del sector privado y la miseria del sector público. Hay que plantear, por consiguiente, una cuestión que parece elemental y es a la vez sumamente compleja, el porqué y el para qué de la escuela pública.

Como afirma una y otra vez el neoliberalismo educativo lo importante es que se ejercite el derecho a la educación gratuita, no en qué clase de centros se imparte. Lo importante es el abaratamiento y la simplicidad en la gestión del Sistema Educativo. Frente a este modelo, que cuestiona el papel de la escuela pública, habrá que aportar las razones por las que la escuela pública debe de ser, sin perjuicio de la privada, la que vertebre y articule el Sistema Educativo de nuestro país, tal como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno, tan citados como ejemplos cuando se publican los resultados de los informes PISA.

La tercera exigencia es la de analizar las causas, tanto históricas como recientes, por las que se puede calificar de frágil a nuestra escuela pública, y la de hacer relación de sus carencias, tal como las perciben las familias en el momento de elegir centro para sus hijos. La imputación de responsabilidades por el estado de cosas a que se ha llegado tiene como finalidad señalar los órganos a los que corresponde adoptar las medidas necesarias para que la escuela pública sea el eje vertebrador de nuestro Sistema Educativo.

La cuarta exigencia es la de proponer medidas para erradicar la situación de peligro en que se encuentra la escuela pública. Para ello hay que proponer un conjunto de medidas que habría que adoptar para que la escuela pública ofrezca un servicio de alta calidad para el conjunto de todos los ciudadanos y se recupere del proceso de deterioro y de marginación al que está siendo sometida. Un conjunto de medidas que deben partir del análisis de las causas, inducidas en gran parte por la política educativa, de tal modo que los centros públicos se ven sometidos, aunque pueda parecer sorprendente, a la competencia desleal de la enseñanza privada concertada.

Aunque las razones por las que cada país construyó su sistema de educación pública fueron diversas, todos coincidían en la necesidad de formar ciudadanos. Un proceso que conllevaba que las escuelas públicas satisficiesen dos exigencias de integración. Una vertical, de integración de clases sociales, otra horizontal de integración de comunidades culturales y/o religiosas. De ahí que el modelo de escuela pública en los países referidos sea una escuela común para alumnos de distintas procedencias sociales, culturales y religiosas (o no religiosas) e incluso de alumnado de distintas procedencias étnicas. Se trata, por otra parte, de un modelo exitoso toda vez que la democracia y la prosperidad se han asentado en los países que lo adoptaron.

Ese modelo que con el paso del tiempo se ha extendido a toda la población escolar y que se caracteriza por ofrecer una alta calidad media en todos los centros, se mantiene incólume y no es cuestionado porque ofrece ventajas indudables frente a los modelos de preponderancia privada.

Para empezar, cualquier familia de cualquier clase social, preferencia religiosa o cultural o pertenencia étnica y lugar de residencia, dispondrá para sus hijos de una escuela pública de homogénea o igual calidad que las restantes. Al inscribir a sus hijos en la escuela pública que les corresponda, o en cualquiera otra de su elección si el sistema lo permite, se verá librado de un dificultoso proceso de elección plagado de incertidumbres acerca de lo que será mejor para sus hijos. Por otra parte, y salvo que posea o sea poseído por alguna ideología muy fundamentalista, no tendrá qué preocuparse de que sus hijos puedan sufrir en la escuela pública de su elección ataques a su confesión religiosa o a su falta de ella. La escuela pública será garante de neutralidad y tolerancia.

Si la escolarización en la escuela pública se contempla desde el ámbito político las ventajas también parecen indudables. La gobernabilidad de un país estará tanto más asegurada cuanto mayor sea la integración social, cultural y religiosa de sus ciudadanos, y el primer paso de esa integración se consigue en la escuela pública. Los guetos escolares, sean sociales, religiosos, culturales o étnicos, no sólo son negativos para el alumnado, lo son también para el entorno que alberga o es limítrofe con el gueto. La escuela no puede ser excluyente en una sociedad que tenga como meta un Estado de bienestar.

Frente a estas indudables ventajas de la escuela pública para los ciudadanos y para la ciudadanía, existe la percepción de que, en lo que se refiere al rendimiento académico de los alumnos, tales ventajas o no existen o son dudosas. Se trata por desgracia de un planteamiento pedagógico muy arraigado en las clases altas y medias de nuestro país cuyo origen está, sin duda alguna, en el histórico enfoque educativo de las grandes congregaciones religiosas de la enseñanza, dirigido a la formación de elites dirigentes.

Es, sin embargo, un planteamiento equivocado. No se puede poner en duda que determinados centros educativos de elite, privados o concertados, consiguen buenos resultados académicos con unos alumnos rigurosamente seleccionados social y económicamente. Lo que es dudoso es que se puedan considerar bien educados alumnos que no han salido nunca de estos guetos elitistas que pueden ser tan perniciosos para ellos como los guetos de la marginación a que arriba se hizo referencia. Una cosa es que hayan recibido una buena instrucción, y otra cosa bien distinta es que hayan recibido también una buena educación.

Junto al modelo de escuela pública está el de escuela privada o privada concertada. Un modelo de escuela que debe ser respetado tanto por la derecha como por la izquierda siempre que satisfagan los requisitos mínimos exigidos. Este modelo es respetable no sólo por imperativo constitucional y por el respaldo que tiene en los pactos internacionales suscritos por nuestro país: el derecho a la creación de centros privados distintos de los públicos no está en modo alguno en cuestión. No se puede coartar el derecho de las familias que quieran para sus hijos escuelas distintas de la escuela pública: el derecho a elegir una escuela privada tampoco está en cuestión. Es respetable también que los centros privados de niveles obligatorios que satisfagan necesidades de escolarización accedan al régimen de conciertos a efectos de facilitar enseñanza gratuita a sus alumnos. El régimen de concertación arbitrado en la legislación educativa trató de resolver el problema, heredado del franquismo, de un sistema dual de enseñanza, problema quizás de los más complicados de la transición a la democracia.

Lo que no es respetable es que, salvo muy honrosas excepciones, los centros concertados, financiados públicamente con el fin de hacer efectivo el derecho a una educación gratuita en los niveles obligatorios de enseñanza, vengan, desde la implantación del régimen de conciertos, adoptando una política en la que se incumple sistemáticamente el principio de gratuidad por diversos medios, consentidos o no consentidos, siguiendo procedimientos de admisión cuya intencionalidad manifiesta es la segregación social y cultural de los alumnos, máxime cuando éstos pertenecen al grupo de alumnos y alumnas con especiales necesidades de apoyo educativo.

Es inadmisible, por fin, que, como está sucediendo en España, se prime la creación de escuelas privadas concertadas frente a las públicas. Una cosa es que los centros privados concertados mantengan el concierto en tanto satisfagan necesidades de escolarización, y otra cosa es que las nuevas demandas de escolarización se atiendan mediante la creación de centros privados a los que, además de facilitarles suelo público, se les asegura de antemano la concertación. Se trata de una política que no sólo niega radicalmente la bondad de un sistema público de enseñanza, sino que apuesta por la de un sistema privado repartido entre empresas con ánimo de lucro e instituciones religiosas, muchas veces fundamentalistas, que además es financiado públicamente. Es una política que traslada a la educación su visión desagregadora de la sociedad. En ese modelo educativo que hace su aparición en España, buque insignia del Partido Popular, la escuela pública se reservaría a los más pobres, es decir, a todos aquellos que carecen de posibilidad para optar por centros privados, bien porque estos centros no estén a su alcance por razones físicas (están y se crean en otros barrios, lo que exige pagar transporte escolar), económicas (estos centros están autorizados, y si no lo están da lo mismo, a percibir cantidades de las familias por decenas de conceptos distintos) y culturales (las familias son bien conscientes de “las diferencias” de sus hijos y de sus dificultades para la convivencia escolar). Todo ello sin tener en cuenta que no serían bien recibidos en este tipo de centros, aun en el supuesto de que hiciesen el mayor de los esfuerzos económicos para acudir a ellos.

Martín Alfonso Polo.

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